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De Talla Política Asamblea Legislativa del DF CÁRCEL
E INHABILITACIÓN DEL CARGO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORRUPTOS EN EL DF
Ante esta realidad, dijo, pugnaremos por
aplicar cárcel a quienes permitan, ordenen o dirijan detenciones sin fundamento
legal. Las penalidades irán de 2 a 9 años de prisión y multas de 70 a 400 días
de salario mínimo, además de la destitución y en su caso la inhabilitación de funciones por varios años.
Varela López informó que las detenciones
arbitrarias que más denuncian ante la CDHDF es contra la Secretaría de
Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del DF y de la
Delegación Gustavo A Madero.
Tras este escenario el legislador perredista
anunció la propuesta de una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar
el Artículo 262 Bis al Código Penal para el DF. “La realidad, que es fría,
insistió, nos lleva a agregar esta propuesta para evitar casos lamentables como
los de Oaxaca y San Salvador Atenco, en donde funcionarios públicos, en lugar
de impartir justicia, violaron garantías y derechos humanos de habitantes y
manifestantes.
Con datos de la CDHDF Víctor Varela desglosó
que las detenciones arbitrarias en la capital del país entre 1994 y 2010
alcanzaron 23, de éstas 60% se atribuyen a la SSP, 39 por ciento a la Procu
Capitalina y el resto a autoridades de la GAM.
Finalmente sostuvo que al no atenderse dichas
arbitrariedades, dieron origen a otras prácticas inmorales –que siguen
aplicándose- como incomunicación, tortura, autoincriminación forzada y evasión
del debido proceso, a quienes caen en manos de funcionarios corruptos; pero se
terminará en la Ciudad de México, ofreció Víctor Varela López.
LA
AGENDA PERREDISTA PARA EL PERIODO ORDINARIO CONTEMPLA REFORZAMIENTO AL GDF Y A
LA UNIDAD DE LA FRACCIÓN
Así lo aseguró la Presidenta de la Comisión
de Gobierno y Coordinadora del GPPRD, Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, al
reunirse con los medios de comunicación al término de la reunión a que convocó
a sus correligionarios para diseñar la agenda legislativa que presentarán a
partir del 17 de septiembre cuando inicie el Primer Periodo del Segundo año de
Ejercicio de la V Legislatura. Adelantó que será, quizás en Acapulco, Guerrero,
en donde los 34 diputados, los 13 jefes
delegacionales y el Jefe de Gobierno del DF realicen su “encerrona” para
alistar las propuestas legislativas.
En el aspecto de procuración de justicia,
insistió, fortaleceremos las acciones que determine el ejecutivo local para el
combate al narcomenudeo, la procuración de justicia, la seguridad pública, los
derechos humanos y la identidad capitalina. Sobre los derechos sociales
reforzaremos los programas de salud, educación, cultura, deportes, empleo,
agua, ciencia y tecnología.
Trabajaremos por que la Ciudad de México sea
sustentable, en el tema ambiental, con transporte público más amable con la
naturaleza, agua suficiente y oportuna para las familias; y finalmente
insistiremos en ampliar los derechos políticos de los capitalinos con las leyes
aprobadas como el Código Electoral, la de Participación Ciudadana y la elección
vecinal del 24 de octubre.
Barrales Magdaleno fue enfática, ante la
insistencia de los reporteros, de que al interior de la bancada amarilla,
existe consenso, unidad, pese a que 3 legisladores amenazaron con dejar sus
filas, a lo que sostuvo que con Horacio Martínez, Abril Trujillo y Patricia
Razo existe buena relación, por lo que descartó desbandada perredista.
Respecto a los costos de la reunión
perredista en Acapulco, señaló que serán cubiertos con el presupuesto asignado
al PRD y en caso de gastos mayores, cada legislador de su bolsillo lo cubrirá. “Lo importante es
que este cónclave demostrará a todos que al interior del PRD y de la fracción
en la Asamblea hay unidad, respeto, consensos, intereses comunes. A eso vamos a
Acapulco, a reforzar la unidad”, concluyó.
PROPONE
LA ALDF AL GOBIERNO CAPITALINO LA EXPEDICIÓN DE UNA TARJETA DE TRANSPORTE
MULTIMODAL PARA APOYAR LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS
Desde la tribuna, López Cándido acusó que
este sistema de pago es de rehuso, lo que significa que fue un acuerdo entre el
concesionario y las autoridades de Setravi, en donde sólo unos ganan, sin
notificarlo a la instancia fiscal, ya que no existen informes de los excedentes
en los ingresos de los prestadores del servicio, por lo que resulta evasión o
robo de ingresos.
La expedición de una tarjeta de prepago
permitiría al consumidor ordenar sus finanzas pues alimentaría el plástico con
la cantidad exacta por día, semana , quincena o mes y las instancias
hacendarias locales tendrían un control absoluto de ingresos, declaraciones y
ganancias del concesionario, evitando con ello la evasión.
El Punto de Acuerdo señala explícitamente que
“la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno de la Ciudad
de México; a la Secretaría de Transporte y Vialidad a producir una tarjeta
multimodal del transporte en la Ciudad para agilizar la red de transporte
colectivo y generar ahorros en los usuarios, ya que diversas formas de
transporte público como trolebús y las líneas de camiones de Paseo de la
Reforma no regresan cambio a los usuarios, lo que afecta su economía”.
La Diputación Permanente votó a favor de la
propuesta que tiene el carácter de urgente y obvia resolución.
QUIEN
VIOLE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS, REGALANDO BOLSAS DE PLÁSTICO TRADICIONALES,
PAGARÁ DE MULTA 1 MILLÓN 200 MIL PESOS Y 36 HORAS DE ARRESTO INCONMUTABLES
Por lo anterior el Presidente de la Comisión
de Abasto y Distribución de Alimentos, Diputado Rafael Calderón Jiménez pidió a la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno capitalino instrumentar una campaña de difusión entre los 318
mercados públicos que explique la obligatoriedad de entregar en bolsas
biodegradables sus productos.
Apenas la semana 3 Comisiones relacionadas con el medio
ambiente de la Asamblea dictaminaron suprimir el arresto a quienes incumplan
las disposiciones, en tanto no se emita el reglamento de la Ley y se presenten
las condiciones adecuadas para acatar el ordenamiento
Esto lleva a los comerciantes a entender que
si continúan obsequiando bolsa de plástico o de material contaminante tendrán
que acatar las multas, que son verdaderamente elevadas, casi un millón 200 mil
pesos y 36 horas de arresto inconmutables.
Quien desconoce la ley, concluyó Calderón
Jiménez, regularmente la viola, por eso
la obligación del GDF y de la Asamblea Legislativa es orientarlo e informarlo
para que se someta al rigor de la legalidad.
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